“La memoria es un derecho de los ciudadanos y, sobre todo, de las víctimas”. Lo dijo ayer en el Congreso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, justo antes de que la Cámara diera luz verde a la nueva Ley de Memoria Democrática. En una España dividida por la mitad, donde las fracturas ideológicas nunca parecen reducirse, se intenta dar un sentido común a la Historia.
Intento más que meritorio, pero condenado al fracaso en un dualismo izquierda-derecha que no acepta las razones del otro. Ciento treinta y tres votos a favor, 159 en contra, el texto ha pasado: el Estado se encargará de encontrar los 114.000 cuerpos de los desaparecidos durante la guerra civil, enterrados en las innumerables fosas comunes y por ello creará una prohibición genética de las víctimas.
El régimen franquista ha sido declarado oficialmente ilegal. Esa construcción que veis en la foto, el Valle de los Caídos, que una vez fue templo del régimen, se llamará de ahora en adelante Valle de Cuelgamuros: los restos del general Franco ya han sido trasladados a Madrid. La Ley de Amnistía de 1977 no será derogada pero el Derecho internacional prevalecerá sobre la ley misma.
Se arrojará luz sobre la falta de respeto de los derechos humanos y los crímenes entre 1978 y 1983. Además, cambia el concepto de víctima: son “las personas que han sufrido un daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales u ofensas en los derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución en 1978”, esta es la nueva definición. Los títulos nobiliarios adquiridos durante la guerra civil y la dictadura son abolidos. Los libros de texto serán “actualizados”. Una ley no trivial que ha generado polémicas: el PP protesta porque piensa y promueve con los votos de Bildu, mientras que ERC la considera demasiado “débil”.
