En un territorio sometido a deslizamientos de tierra e inundaciones, ¿cómo se ha podido seguir construyendo? ¿Y sin autorización, con la esperanza de un indulto que tarde o temprano llegará? Es todo en estas preguntas, en la imposibilidad (no se sabe por qué) de actuar inmediatamente sobre las casas ilegales y en los permisos concedidos “de manga ancha”, que está la matanza de Ischia, que no será la última por desgracia.
La construcción ilegal es un negocio electoral, no es un secreto. En Casamicciola, la localidad afectada por la tragedia del monte derrumbado que hoy llora sus 12 víctimas, una de cada dos casas es abusiva. Muchas de las construcciones realizadas en los últimos años no deberían haber existido, porque las limitaciones hidrogeológicas son claras.
Hace cuatro años, con motivo del decreto para la reconstrucción del puente de Génova, se concedió a los propietarios de casas en Ischia, incluida en esas normas después del terremoto de 2017, para sanar los abusos de construcción: las solicitudes fueron una enormidad, alrededor de 28 mil. Y continuaron construyendo, con materiales de mala calidad, despreciando las limitaciones, la proximidad al mar, la ubicación. ¿Quién se asombra hoy si ocurren semejantes tragedias? La falta de mantenimiento del territorio entonces es una de las causas de los males.
Quien tiene una casa en zona de riesgo también podría trasladarse – hay una ley especial de la Región de Campania – y aumentar los espacios de la nueva vivienda en un 50%. Eso tampoco sirvió de nada. Si el ministro forzista de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, quiere “meter en la cárcel al alcalde y a todos los que dejan hacer”, parte de la mayoría del nuevo Gobierno va en la dirección opuesta: ¿destinarán otros fondos para la seguridad? ¿Un plan extraordinario, quizás con demoliciónes posibles en poco tiempo y no en décadas como está pasando ahora?
