A pesar de que la Polonia la abolió en 1997, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, más claro que no podía ser. “En mi opinión, la pena de muerte debería ser admitida para los crímenes más graves”, dijo, olvidando quizás que hace diez años su país ratificó un protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que lo abolió totalmente. Morawiecki ha añadido que no está de acuerdo, él como católico practicante, con la posición de la Iglesia al respecto, que es obviamente de oposición a la pena capital.
La abolición de la pena de muerte es, según el primer ministro, “una invención prematura”. La oposición ha surgido: “Palabras que son síntomas de regímenes autoritarios”. Luego llegaron los desmentidos, mientras que las agencias de noticias de todo el mundo estaban escribiendo la noticia: los canales gubernamentales especificaron que la revisión de esas decisiones tomadas hace 25 años “no forma parte de la agenda”. Se votará en otoño: a pesar de la gravedad de las afirmaciones, es una declaración en una campaña muy agresiva para poder fidelizar el consenso de los ultraconservadores.
