Cuarenta y ocho kilómetros cuadrados donde todos discuten: ciudadanos, administraciones, Gobierno alemán. Es la mina de carbón de Garzweiler, en Renania del Norte-Westfalia, que se ha convertido en un caso nacional. Ayer, los ecologistas, apoyados por la ahora célebre activista Greta Thurnberg, fueron desalojados por la policía: habían “ocupado” el pueblo de Lützerath (con casas en los árboles y puestos en túneles subterráneos), protestando contra la expansión de la mina.
La pequeña ciudad será arrasada para extraer aún más lignito, carbón fósil muy contaminante. Es la última de veinte países en la zona desde el nacimiento de la mina en 1961. De la dependencia alemana del carbón – vale el 30% de la electricidad – también está discutiendo la política. Los Verdes, hoy en el Gobierno de Olaf Scholz, intentan mediar entre vocación ambientalista y realpolitik: después de la guerra Rusia-Ucrania de energía hay cada vez menos.
Sin embargo, quienes se manifiestan los ven responsables, hasta tal punto que han ocupado su sede en Düsseldorf y vandalizado las de Aquisgrán y Leipzig.
