Era el 16 de octubre de 2017 cuando la periodista Daphne Caruana Galicia, de 53 años, encontró su destino, que ya conocía. Le pusieron, al pasar el coche y cerca de su casa, incluso un coche bomba – a la manera en que murió el magistrado italiano Giovanni Falcone en la autopista hacia Palermo – para quitarla de escena. Demasiado voluminosas aquellas verdades que como buen profesional había descubierto: la corrupción en Malta era la regla. Daphne señaló con el dedo al Primer Ministro Joseph Muscat (que renunció al cargo tras el asesinado), con documentos que lo vinculaban al escándalo de los “Panamá papers”.
Caruana simplemente había dicho lo que muchos sabían: Malta se había convertido en una isla de tráfico turbio, desde el reciclaje a la venta de pasaportes falsos a oligarcas al contrabando a las apuestas online. A juicio del asesinato irán los autores materiales, que serían los hermanos Alfred y George De Giorgio y Vincent Muscat, y el supuesto responsable, el millonario maltés Jorgen Fenech.
Ahora una investigación independiente ha establecido, tras años de trabajo, que el Estado maltés “debe asumir la responsabilidad” del asesinato. No hay pruebas de que el Estado haya participado en el crimen, pero es el responsable, dice el informe, porque ha creado las condiciones de impunidad y el desmoronamiento del Estado de Derecho, condiciones en las que se ha cometido el crimen. Las investigaciones de Daphne Caruana han servido para despertar a un país oprimido por las mafias, azerí o rusa o italiana. Pero nadie, cuando explotó por un coche bomba, como ha pasado con el juez Falcone, colaboró con la justicia.
