Es fácil imaginar que la guerra de precios que los aceituneros llevan tres décadas librando volverá a las calles al final de la pandemia. Así lo han prometido y así lo harán. Hay que poner fin a la producción “ilegal”, que de hecho apoya la Unión Europea, de países como Marruecos que mezclan los aceites de oliva de la UE con los de origen propio, jugando con las etiquetas, especialmente en Andalucía, que es la primera del mundo en producción (casi la mitad del total).
La víctima es el consumidor que compra un aceite de oliva que, si proviene de un tercero y -podríamos añadir- no está controlado, no es de alta calidad. El mercado está en manos de las grandes empresas, de unas pocas familias e inversores que pueden permitírselo, y de leyes que no hacen más que confundir los mercados y bajar los precios a niveles vergonzosos.