Hace bien Pedro Sánchez en querer aclarar el equívoco prostitución en el país. Si en público no se puede hacer (parques o en lugares donde, dice la ley, representa un peligro para la seguridad vial), en privado hasta ahora se ha tolerado todo (quien ofrece prestaciones a pago de su voluntad no es punible), olvidando que no sólo la prostitución es una industria floreciente que vale 3,7 millones de euros, sino también del hecho de que muchas, casi todas, de las muchachas y mujeres que ejercen están en manos de organizaciones criminales.
“La prostitución es una de las peores formas de violencia contra las mujeres”, dijo el Jefe de Gobierno español que ahora quiere – y es una prioridad en la agenda política – multar a los clientes y también a quienes ponen a disposición, en alquiler, los locales a menudo ejercen el meretricio. Sin embargo, todavía no existe un proyecto de ley escrito y no se sabe en qué plazo.
Las críticas a la medida futura provienen de algún onlus que subraya que el riesgo de marginar a las propias trabajadoras, una vez que la prostitución ha quedado fuera de juego. Si bien la explotación y la ayuda siguen siendo delitos, es justo que se limite un mercado en el que, dicen los números que muestran la presencia de 1400 clubes en el territorio, sólo Países asiáticos superan a España.
