El parque de Doñana corre el riesgo de convertirse en una cuestión incómoda, a pesar de que ya lo es. Aumentar el regadío de los invernaderos de fresas cerca de la reserva, mil quinientas hectáreas, iniciativa apoyada por PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento andaluz, ya ha hecho chocar a la Comisión Europea – fuerte del aut aut del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a la Junta. Faltan depuradores de aguas fecales, Doñana corre el riesgo de perder su estatus de Patrimonio de la Humanidad.
La Comisión hace saber que denunciará a España – por segunda vez, la primera se ha traducido en una condena por no haber preservado de hecho las aguas de la reserva – si la cuestión no se resuelve en favor del medio ambiente. Una cuestión incómoda en la que los partidos tienen posiciones “transversales”, ya que incluso los socialistas, en un pleno de Huelva en estos días, han votado a favor. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, quiere resolver la situación de común acuerdo con el Gobierno central. Tiene razón en que la regularización de lo que se ha plantado o construido ilegalmente lleva tiempo. Pero Europa no espera y amenaza con sanciones.
