Sólo en junio del próximo año sabremos si Doñana, como Patrimonio Natural de la UNESCO, será degradada o no. Sin embargo, la propuesta de legalizar los regadios pasó ayer en el Parlamento andaluz, gracias a los votos del PP, Ciudadanos y Vox y a la abstención del PSOE. Nada han podido los llamamientos del Gobierno central, a través de la ministra competente, Teresa Ribera, que advirtió de “perjuicios económicos y medioambientales” ni de los expertos del medio ambiente, que advierten del riesgo de la decisión.
La lucha de estos meses entre conservar el patrimonio (las fincas illegales en primer lugar que comprometen el acuífero de la reserva) y defender los intereses de los trabajadores (“Doñana son también las personas, no podemos expulsarlos de sus tierras”) se ha resuelto por ahora a favor de los segundos, por lo que algunos consideran una “amnistía”.
Doñana, un ecosistema muy sensible y que desde Europa (que advirtió a España de posibles sanciones) consideran de riesgo, no tendrá entonces un destino compartido por un proyecto entre el Gobierno y las instituciones comunitarias: cada uno por sí mismo para un futuro incierto.
