Todo el mundo lo sabía, pero nadie hizo nada para hacer que ese puente fuera seguro por ley. Cuarenta y tres personas murieron trágicamente aquel 14 de agosto de 2018 que está en la memoria de todos: se abrió ante ellos el abismo, el puente Moranti en Génova se derrumbó en una fracción de segundo. A distancia de más de tres años han llegado las acusaciónes (después de dos incidentes probatorios) para el ex administrador delegado de Aspi y Atlantia, Giovanni Castellucci, y 58 imputados en todo, además de las sociedades Aspi y Spea.
Los cargos son múltiples: desde homicidio múltiple hasta el desastre por negligencia. Los jueces sostienen que el viaducto vino abajo debido a la falta de mantenimiento (cálculos en la mano, cuantificaron la inversión de las empresas privadas que tenían la obligación de garantizar la seguridad en tan sólo 71 euros al día) para obtener beneficios cada vez más consistentes. “Era una bomba de relojería. Se oía el tic tac pero no se sabía cuándo iba a estallar. En 51 años (desde su inauguración en 1967) nunca se han realizado trabajos en la pila 9 del puente”.
