Un día todos recordarán que, justo en medio de una guerra mundial, España – o más bien su Consejo de Ministros – se ocupaba de “derechos sexuales y reproductivos”. La prioridad del día fue dar luz verde a los permisos por “menstruaciones dolorosas o incapacitantes”. La ministra de Igualdad, Irene Montero, canta victoria: “Somos el primer país de Europa que ha puesto en regla la cuestión”. Las licencias serán pagadas íntegramente por el Estado. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó que España “avanza en feminismo, las mujeres deben poder decidir libremente sobre sus vidas”. Y mucho más que eso.
Como por ejemplo poder abortar también a dieciséis o diecisiete años sin obligación de permiso de los padres, tener gratis pastillas “del día después”. En abril, lo recordamos, el Senado había aprobado la modificación de la ley: quien quiere convencer u obstaculizar a las mujeres que quieren abortar se arriesga a la cárcel. Hace tiempo había causado sensación lo que podría sucederle a un hombre acusado, con una denuncia, de violencia de género: detención preventiva (sin pruebas), orden preventiva de expulsión de casa e hijos, custodia de los hijos a la madre. Con una simple denuncia. El feminismo es promovido a la asignatura escolar y quien quiere cambiar de sexo puede hacerlo, sin consejo médico ni tratamientos hormonales, simplemente puede comunicarlo al registro civil.
