Llegó el día de “buscar la concordia”. Con estas palabras mágicas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que hoy el Consejo de Ministros concederá el suspirado indulto a los políticos catalanes que intentaron, con manifestaciones callejeras, autoproclamarse independientes. A pesar de media España – y más – es contraria a la disposición, Sánchez insiste en su intención “educativa” aunque todos saben que sin los votos catalanes el Gobierno caería y quizás esta es la verdadera razón: “Mañana podemos empezar a cambiar la vida de nueve personas, y espero también que empecemos a cambiar la historia de todos y de todas”.
Es una pena que los catalanes en cuestión tengan una opinión diferente e incluso, como señaló el otro día el ex presidente Carles Puigdemont de Bélgica, en realidad el de Sánchez “es un autoindulto de Estado”. Según Puigdemont, el indulto se concederá antes de que la propia justicia europea condene la sentencia del 1-0. Sánchez continuó impertérrito que “vamos a devolver la convivencia, no desde el olvido, hasta el respeto, el sentimiento y el afecto”.
No hace falta ser un mago para darse cuenta de que, una vez que se recibe el indulto, los independentistas catalanes vuelven a atacar. Como ya hemos escrito, demasiados españoles están en contra del indulto. Para anular las decisiones de los jueces y vivir todos en paz es necesario que esas sentencias sean desmentidas por la realidad cotidiana de los hechos. Ha habido sangrientos hechos, juzgados y condenados. No estamos hablando de un juicio sobre disputas entre vecinos por ruidos molestos, sino del intento de independizar toda una región y, por tanto, de cambiar el orden constitucional español y cuestionar la integridad nacional.
Los 12 líderes catalanes que participaron en el “procés” y intentaron una declaración unilateral de independencia de Cataluña en el ínterin no han ningún demostrado sentido de arrepentimiento por lo que se hizo. El Tribunal Supremo, por su parte, ha subrayado con un informe que ha rechazado por unanimidad conceder un indulto total o parcial a los condenados por sedición, malversación o desobediencia. No hay razones “de justicia, equidad y utilidad pública” para cambiar la decisión original de los jueces.
