En vigor la Ley de Memoria Democrática, el primer efecto ha sido que miles de personas, principalmente de Centro y Sudamérica, solicitaron la ciudadanía española. Se estima que pueden ser entre 250.000 y 700.000, hijos y nietos herederos de los exiliados de la dictadura franquista.
La ley quiere hacer justicia a los daños causados en el período que va desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución en 1978. Aquellos que “han sufrido daños físicos, morales o psicológicos, daños económicos o la pérdida de derechos fundamentales” pueden hacer demandas en este sentido. Alrededor de 2 millones de personas huyeron al extranjero durante el régimen.
Las personas nacidas fuera de España con padres o abuelos que habían huido del país y habían perdido o renunciado a la nacionalidad española por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación o identidad sexual, las hijas o hijos nacidos fuera del país de mujeres que habían perdido la nacionalidad española por haberse casado con personas extranjeras antes de la entrada en vigor de la Constitución, las hijas e hijos mayores de edad de las personas a las que ya se había reconocido la nacionalidad española gracias a la ley de 2007, son las catergorias afectadas por la ley aprobada el pasado 21 de octubre.
