Ideados por el ministro del Interior Piantedosi como solución para detener los desembarcos, los Centros de permanencia y repatriación para los migrantes (Cpr) han resultado ser un fracaso. Retener 18 meses a quien llega con las barcazas a una estructura (pero pagando 4.938 euros pueden irse, lo establece un decreto) no solo es, a juicio de muchos juristas, anticonstitucional, sino que no resuelve el problema. Y en la misma mayoría se plantean críticas a la medida deseada por Roma.
“No resuelve el problema de las llegadas ya que tendremos 140-150 mil personas que deberán ser repatriadas, e Italia logra repatriar de 3.500 a 4.000 personas”. Palabras del gobernador véneto, Luca Zaia, uno de los líderes de Lega. “Estamos afrontando el mar pensando en vaciarlo con un cubo”. “Necesitamos acuerdos bilaterales que no existen”, añadió el alcalde de Milán, Giuseppe Sala. Pero de estos acuerdos no hay rastro.
Pagando al Estado italiano se puede salir de los Cpr. Una medida extraña, teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia Europeo ya rechazó hace tres años una decisión de Hungría en este sentido: diferenciar a los solicitantes de asilo en función de su capacidad económica no es coherente con el Derecho de la Unión Europea. Por otra parte, la Justicia europea ya ha dejado claro que se debe garantizar al migrante una vivienda, condición que un CPR no cumple. El migrante “rico” que quiere pagar la fianza de 5.000 euros para irse debe hacerlo, explica el decreto, “mediante aval bancario o póliza de seguro”. Estamos con los chistes.
