Siempre es el momento adecuado para los ecologistas españoles, pero por una razón u otra nunca llega. Hablamos en términos de votos, ahora que, por ejemplo, en Alemania los Grunen son parte fundamental de la coalición de Gobierno, la líder es Ministra de Asuntos Exteriores y el 15% de los votos recibidos garantiza un futuro sólido. Pero en España, donde, según las encuestas de la UE, más de la mitad de la población quiere endurecer las penas por delitos medioambientales, parece que no hay un espacio político autónomo, a diferencia, sólo para hacer una referencia, de los representantes de la España rural que ya están en el Parlamento y que desde este año prometen quitar votos importantes a los partidos de siempre.
Para que esto suceda sólo se puede especular: principalmente por la razón de que los partidos tradicionales ya engloban instancias ecologistas, pero creemos también por una escasa sensibilidad política sobre el fenómeno. El País que, desde el 23 de diciembre del año pasado, prohíbe fumar en las playas (cosa por ahora impensable en Italia y Francia), gracias a casi 300.000 firmas de petición popular a favor de las medidas, con multas de hasta 2.000 euros para los transgresores, traduce su pasión ecológica en menos del 1% de los votos. Las campañas del Partido Verdes Equo sobre la sostenibilidad ambiental (recientemente ha apostado mucho por la cultura del agua, contra la sobreexplotación y el regadio sostenible) parece interesar a pocos.
