Quien “con actos de acoso, ofensivos, intimidatorios o coercitivos que atentan contra su libertad” manifiesta contra el aborto (legal en España desde 1985) o obstaculiza la voluntad de quien ha decidido hacerlo, se arriesga a la cárcel. Así se ha reescrito la ley penal española, en vigor desde hace algunos días. Lo mismo vale para quien intenta convencer a los médicos o profesionales.
Polémicas sobre la decisión querida por el Gobierno y aprobada por aquellos que están convencidos de que otra opción es posible, como los Movimientos por la Vida que se han manifestado durante mucho tiempo fuera del Parlamento. El Partido Popular y Vox votaron en contra de la resolución y es probable que apelen al Tribunal Constitucional.
Es cierto que la amenaza de la pena podría, como señalan las asociaciones, limitar la libertad de expresión. Algunos datos para comprender el fenómeno. En España se interrumpe el embarazo casi siempre en hospitales privados (alrededor del 85%, pero el porcentaje aumenta en algunas Regiones), donde el 66% de las mujeres han declarado sentirse incluso “amenazada” en su propia voluntad.
