Dos años de prórroga, pero sólo para garantizar la transición. Las playas italianas son libres: a partir del 1 de enero de 2024, el sector estará abierto a la competencia. Así concluye, con la sentencia del Consejo de Estado, una cuestión que ha causado sensación. Derechos vitalicios de “propiedad de las playas” italianas de los que se han beneficiado los concesionarios, algunos pagando al Estado cantidades irrisorias.
Habrá quizás un segundo episodio, con la asociación de categoría de los concesionarios que hará sus quejas al Gobierno, pero la Unión Europea ya especificó que Italia debe poner “rápidamente conforme a su legislación con el Derecho europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia”. Hace cinco años, Italia fue condenada por no respetar las normas de la UE.
El Consejo de Estado en su sentencia afirma que “la persistente ausencia (a pesar de los repetidos anuncios de una intervención legislativa de reforma, nunca sin embargo realizado) de una orgánica disciplina nacional de las concesiones patrimoniales marítimas genera una situación de grave contrariedad con las normas a tutela de la competencia impuestas del derecho de la Unión Europea”. Y para ser aún más claros, se habla de “la excepcional capacidad de atracción del patrimonio costero nacional”.
Un sustancial “hasta ahora hemos ganado poco” que muchos piensan: “una oferta correlacionada de servicios públicos más eficaz y de mejor calidad y seguridad, pudiendo contribuir en medida significativa al crecimiento económico y, sobre todo, a la reanudación de las inversiones que el país necesita”.
